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• No existe un marco jurídico constitucional que proteja a este sector, señaló

En México el 22 por ciento de la población entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja debido a la falta de oportunidades, por lo que se dedican al comercio informal, migran a otros países, viven en situación de calle, ingresan a las filas de la delincuencia o están presos, aseguró el diputado Francisco Landero Gutiérrez (PAN), presidente de la Comisión de Juventud y Deporte.

“Uno de los principales desafíos es la creación de empleos bien remunerados, porque la delincuencia se está aprovechando de la falta de fuentes laborales, acceso a la educación y una fuerte desintegración familiar para reclutar a los jóvenes”.

Tenemos detectado, continuó, que en Tijuana, Ciudad Juárez y algunas ciudades de Tamaulipas la delincuencia recluta principalmente a jóvenes para convertirlos en sicarios; mientras que en Guadalajara y ciertas partes de Sinaloa los emplean para el narcomenudeo.

Dijo que ante ese panorama es necesario crear mecanismos para que los jóvenes accedan al sistema educativo y a trabajos bien remunerados, a fin de incrementar su potencial productivo y evitar que caigan en el narcotráfico y la delincuencia organizada.

En entrevista, el legislador informó que el plan de trabajo para este año contempla crear la Ley de Educación Media Superior, que permitirá a los diferentes subsistemas de ese nivel articularse, cambiar planes de estudio, hacerlos más focalizados de acuerdo con las necesidades de cada localidad y de mayor interés para este grupo.

“No existe un marco jurídico constitucional que permita legislar en materia de juventud, como lo hay, por ejemplo, en cuestión de mujeres, niños o adultos mayores, entonces es prioritario crearlo”.

Argumentó que actualmente las políticas de juventud están disgregadas, cada secretaría hace sus programas de acuerdo con lo que consideran más adecuado, pero no existe articulación ni coordinación, así que buscaremos homologar criterios.

“Además de crear un marco jurídico idóneo para las demandas actuales de este sector, también se requiere etiquetar y articular, a través del presupuesto, las políticas de juventud”.

Landero Gutiérrez subrayó que es trascendental lograr que accedan al desarrollo de nuevas tecnologías, con el propósito de que nuestro país asegure un periodo de crecimiento político, económico y social a mediano y largo plazo.

Destacó que el Consejo Nacional de Población (Conapo) señala que en México por cada tres personas que se encuentran trabajando existen al menos dos dependientes; dicha tendencia será constante hasta el año 2020, después la pirámide poblacional cambiará y la proporción de dependientes económicos crecerá.

Refirió que la próxima década es estratégica, debido a que el bono demográfico se está invirtiendo, “en la actualidad todavía el sector juvenil es mayoría, somos un país joven; no obstante, para el 2020 esa tendencia comienza a declinar y en el 2030 seremos una nación con población mayormente adulta”.

El presidente de la Comisión de Juventud y Deporte agregó que se tienen 10 años para implementar políticas públicas que impulsen a dicho grupo, “en caso de no aprovechar esa fuerza laboral, en el futuro tenderemos adultos poco preparados, que no podrán afrontar los retos que demanda el país”.

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Debido a que en México existen 33 millones de personas mayores de 15 años que no tienen escolaridad mínima, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos analiza una propuesta para que la SEP se fije un plazo no mayor a 10 años para que concluyan la educación secundaria, primaria y alfabetización.

El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino (PRI), al presentar la propuesta, dijo que de esa cifra, seis millones no saben leer y escribir; 10 millones no han concluido la primaria y 17 millones no han terminado la secundaria.

Enfatizó que es indispensable superar el rezago escolar, pues casi 4 de cada 10 mexicanos mayores de 15 años no tienen la escolaridad mínima para desarrollar sus habilidades para la vida y el trabajo.

A un alto porcentaje de mexicanos, mencionó, en lugar de otorgarles mejor preparación a nivel escolar, se les dan apoyos económicos o en especie, como despensas y dinero, cuando lo que necesitan las familias es enseñarles a desarrollarse mediante la educación mínima escolar y que sean autoproductivos.
“Para superar la pobreza no se necesitaría incrementar el número de apoyos de Oportunidades para los nuevos pobres, sino beneficiarlos mediante la educación mínima para su desarrollo personal y familiar”, abundó.

Subrayó que el país se encuentra en un gran rezago a nivel de educación básica; el analfabetismo mantiene niveles inaceptables y una buena parte de la población carece de la educación primaria y secundaria.

Mencionó que es urgente que la Secretaría de Educación Pública en coordinación con otras instancias responsables instrumente acciones para mejorar el nivel de escolaridad y los contenidos educativos de acuerdo a la realidad socioeconómica del país.

Las acciones y alcances del Instituto Nacional de Educación de los Adultos no han respondido a la realidad nacional, que es atender a personas mayores de 15 años que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir, y en avanzar con el rezago educativo del nivel básico, advirtió.

“El Estado tiene la obligación de garantizar la impartición de la educación básica, así como determinar planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y alfabetización; e impartirla en las diferentes modalidades que determine para el desarrollo humano y siempre en beneficio de la población”, concluyó.

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El Presupuesto de Egresos 2010, muestra un marcado sesgo de derivación de fondos mediante transferencias, subsidios y otros apoyos al campo sin que exista normatividad para la efectiva recepción por parte de sectores de la población identificados como beneficiarios de estos apoyos, afirmó la diputada Esthela Damián Peralta (PRD).

Señaló que mediante el desarrollo de mecanismos de intermediación los apoyos son absorbido por dudosos esquemas de coberturas y servicios que ocasionan multimillonarias utilidades a un número reducido de intermediarios cuya participación en el proceso de derivación de fondos no queda claramente justificado.

“Son cada vez más las voces e indicios que apuntan a una imprudente creación de grupos de interés, que depositan, año con año, fortunas en unas cuantas manos por concepto de intermediación empresarial mientras que los núcleos campesinos se ven afectados por la acción devastadora de quienes periódicamente manipulan especulativamente la totalidad de los subsidios”.

Ante ello la diputada presentó un punto de acuerdo por el que pide al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación envíe un informe en el que se señale el nombre, ubicación y grupo de control accionario de las empresas que han recibido apoyos, subsidios o transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos, en los ejercicios 2003 a 2009.

En dicho reporte se deberá informar el nombre de empresas comercializadoras y almacenadoras, por entidad federativa, que hayan participado en dichos ejercicios, en mecanismos, procesos, esquemas, fideicomisos o análogos vinculados a la derivación o canalización de subsidios federales con motivo de planes o programas de promoción al campo y al sector campesino, en específico de los productos maíz, fríjol, trigo, café y sorgo.

La propuesta tiene el objeto de evitar que los recursos aprobados para el sector campesino sean desviados o acumulados por empresas comercializadoras en detrimento de la población que justifica y avala la existencia de tales programas.

“Sin mecanismos de verificación de requisitos se ha permitido que anualmente crezca la participación de estos intermediarios comercializadores que acumulan preocupantemente porcentajes desmedidos del total de apoyos”.
Dijo que resulta indispensable que la derivación de fondos se realice en esquemas diseñados para evitar el abuso de los apoyos y subsidios con propósitos electoreros.

Informó que el órgano administrativo Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), ha sido omisa en rendir cuenta respecto de la permanencia y crecimiento de empresarios identificados con instancias de naturaleza política como intermediarios receptores de sumas multimillonarias sin reunir condiciones como productores, campesinos o ser agrupaciones integradas por estos.

Estableció que deben implementarse mecanismos de seguimiento y supervisión de la forma en que Aserca efectúa erogaciones y de la cercanía de los servidores públicos con los accionistas y administradores de esas empresas comercializadoras, así como de mantener a dichas empresas ajenas a fines y propósitos no relacionados con el fomento al campo.

“Resulta irresponsable que tras exigir un enorme esfuerzo a los mexicanos para sufragar con cargo al alza de impuestos el referido presupuesto, no se adopten las medidas y providencias necesarias para proveer a un ejercicio transparente y eficaz del gasto público”.

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El tráfico de migrantes actualmente se equipara al narcotráfico como una de las fuentes más importantes de ingresos para el crimen organizado, por lo que la trata de personas se ha vuelto una preocupación importante a nivel mundial.

Además la migración ha escalado puestos en la lista de problemas cruciales que los países del mundo desarrollados deben afrontar y ahora ocupa el primer lugar en la agenda política de los países del G-8, señala el Centro de Documentación, Información y Análisis (CEDIA) de la Cámara de Diputados.

En el estudio “La migración infantil: un problema acuciante”, menciona que a pesar de que hombres y mujeres lideran las estadísticas de migración en todo el mundo, paulatinamente los niños se suman al éxodo en busca del sueño americano, sobre todo en las zonas rurales y urbanas donde se registran los mayores índices.

Precisa que solos o acompañados, los infantes emprenden la aventura para encontrar a sus familiares, o bien, para escapar de la pobreza pero su inmadurez física y mental, así como el desconocimiento del idioma y de las leyes del lugar donde arriban son factores que muchas veces los convierten en víctimas de violación a sus derechos humanos.

Las cuales, van desde el maltrato, explotación sexual, trabajo forzado, hasta abusos por parte de autoridades, deportación o encarcelamiento.

La Organización Internacional del Trabajo ha destacado que si bien es legítimo que los niños en edad de trabajar quieran migrar, es necesario prevenir que la trata ocurra durante el proceso de migración, ya que entre 980 mil y un millón 250 mil niños se encuentran sometidos a la trata infantil.

Advierte que los niños víctimas de trata se encuentran a merced de sus empleadores o de las personas que tienen el control de sus vidas, lo que los expone a abusos sexuales, hambre, pérdida de libertad y violencia física.

“Los migrantes menores de edad se han convertido en el punto más vulnerable de la defensa de los derechos humanos en el mundo. De manera particular, los dirigidos hacia Estados Unidos desde México y los países de Centroamérica”, abunda.

La mayoría de estos niños migran para trabajar y se exponen al riesgo de ser engañados y explotados. “Lo que comienza como migración puede convertirse en trata”.

“Hace falta crear una cultura de denuncia en contra de los responsables de este nuevo flagelo humano en que se ha convertido el maltrato a los niños o para que el miedo desaparezca y se pueda, abiertamente, fincar responsabilidades contra las personas o las autoridades responsables”.

Los naciones que ocupan los cinco primeros lugares en migración internacional, son: Estados Unidos (38.4 millones); Federación de Rusia (12.1 millones); Alemania (10.1 millones); Ucrania (6.8 millones) y Francia (6.5 millones), mientras que las naciones que mayores migrantes expulsaron hasta el 2005 fueron China, India y Filipinas.

Destaca que datos del Instituto Nacional de Migración reportan que de enero a septiembre de 2009, fueron repatriados desde Estados Unidos un total de 21 mil 220 migrantes mexicanos, de 0 a 17 años de edad, de los cuales 16 mil 552 eran del sexo masculino y 4 mil 668 al femenino.

Además, 13 mil 110 regresaron sin compañía y 8 mil 110 con algún familiar; mil 782 eran menores de 11 años y el resto contaba entre 12 y 17 (19 mil 438).

Por otra parte, tan sólo de enero a octubre de 2009, fueron devueltos por autoridades migratorias mexicanas un total de 4 mil 010 menores de 18 años (3 mil 14 niños y 996 niñas); 696 menores de 11 años, de los cuales 633 viajaban acompañados y 63 no acompañados.

De esta última cifra de niñas y niños de cero a 17 años, las nacionalidades correspondían a 35 de Estados Unidos; 2 de Belice; 549 de El Salvador; mil 765 de Guatemala; mil 601 de Honduras; 5 de Nicaragua; 18 de Cuba; 3 de República Dominicana; 2 de Haití; 1 de Argentina; 11 de Ecuador; 4 de Chile; 2 de Colombia; 1 de Perú; 6 de Uruguay; 1 de Rusia; 1 de República Popular China, y 3 de Irán.

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La Tercera Comisión de la Permanente, que preside el diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, definirá en su próxima reunión la fecha en que citará a comparecer al Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, a fin de que explique los incrementos a la canasta básica y el asunto arancelario, como lo mandató el pleno de la Permanente.

En entrevista telefónica, aclaró que no está fijada una fecha específica para esa comparecencia, “éste será uno de los puntos del orden del día de la siguiente reunión”.

Al referirse a la reunión de la mesa de trabajo para la Reforma Fiscal, indicó que están convocados los siete coordinadores parlamentarios, así como los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Gastos Fiscales, y de Hacienda y Crédito Público.

Recordó que hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para conformar un grupo de trabajo que inició sus labores desde el mes de noviembre del año pasado y “el compromiso es que tengamos trabajo legislativo para presentarlo ante el Pleno de la Cámara de Diputados”.

Señaló que en esta reunión, prevista para el próximo viernes, también se determinarán las fechas en que se llevarían a cabo los foros en la materia, aunque afirmó que la Reforma “será un trabajo intenso nuestro, interno, en donde toquemos los temas y lleguemos a definiciones”.

Añadió que se tomarán en consideración las conclusiones de la Convención Nacional Hacendaria y de los encuentros organizados por el Senado ¿Qué hacer para crecer?

Se pronunció porque no se politicen los temas. “Estamos de acuerdo en que todos los temas se analicen, se estudien y se llegue a conclusiones; creo que todas las fuerzas políticas que están representadas en la Cámara tenemos el mayor de los intereses de que esta reforma salga, porque va a ser en beneficio de nuestro país”.

Añadió que México requiere de finanzas públicas más sanas y evitar que cada año se busque cómo paliar los ingresos del año siguiente.

Reiteró el interés de avanzar con la convicción de sacar adelante una reforma que “es la última llamada para que nuestro país realmente retome con seriedad la modernización de su ámbito tributario”.

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Ante la propuesta del Poder Legislativo de trabajar una Reforma Hacendaria en el segundo periodo ordinario de sesiones, es necesario analizar alternativas para financiar el gasto público, como la bursatilización, que representan una opción para contar con recursos sin recurrir al incremento de impuestos, del precio de los servicios, o bien a contratar deuda directa.

Así lo señala el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) en el documento “Bursatilización de la Deuda Subnacional”, en el que considera que es adecuado crear leyes más precisas en torno a este instrumento, a fin de que sus operaciones sean claras.

Plantea que la legislación debiera establecer la necesidad de efectuar un análisis de sostenibilidad de las finanzas públicas durante el tiempo que dure el compromiso, así como fiscalizar el uso de los mismos por tratarse de bienes públicos.

Además, transparentar el papel de los fideicomisos encargados de emitir los títulos de deuda y de administrar los recursos para pagarla y aportar elementos a fin de estipular los montos y recursos a bursatilizar.

Existe un creciente interés de los gobiernos estatales y municipales para resarcir los recortes presupuestales provenientes de la federación en el contexto de la crisis económica mundial.

“Resulta significativa la bursatilización de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) que acordaron los gobiernos estatales con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para cubrir el recorte del gasto federalizado y complementar los ingresos propios que se vieron reducidos por efecto de la crisis económica mundial”.

Los fondos bursatilizados del FEIEF se estiman en 13 mil millones de pesos para 2009 y del mismo modo se espera potenciar los 6 mil millones disponibles para 2010.

El documento precisa que en el estado de Veracruz los recursos provenientes de dicho instrumento del mercado de valores han redituado en inversión en obras de infraestructura que en momentos de restricción presupuestal se convierten en una política fiscal anticíclica. “Por ello, la bursatilización puede considerarse como una opción viable, racional, transparente y pública para que los gobiernos subnacionales y el país no se paralicen".

Los gobiernos estatales con mayor monto de emisiones son Veracruz, con 16.0 por ciento; Nuevo León, 12.6 por ciento; Chiapas 9.2 por ciento; Hidalgo 6.7 por ciento; Michoacán 6.5 por ciento; Oaxaca 5.2 por ciento; el Estado de México 3.7 por ciento; Guerrero 2.5 por ciento; Chihuahua 2.3 por ciento, y Sinaloa 1.5 por ciento.

Explica que para 2008, 18 estados y municipios habían colocado deuda a través de certificados bursátiles. “La mayoría de las entidades subnacionales han bursatilizado recursos provenientes de las participaciones federales del Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios”.

No obstante, los ingresos de los Impuestos Sobre Nómina (ISN) y los correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia y Uso Vehicular (ISTUV) han sido otro de los recursos más utilizados por los gobiernos subnacionales.

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Al inaugurar la exposición mis sueños hechos realidad en una noche de verano, la diputada Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, dijo que la intención fundamental de esta exhibición es acercar la cultura a los niños y niñas de las escuelas públicas.

Los trabajos de la muestra fueron realizados por niños menores de 12 años de las diferentes escuelas primarias públicas de la delegación Venustiano Carranza, que surgieron de la puesta en escena de “Una noche de verano”, de William Shakespeare.

“En ellos se encuentran plasmados seres fantásticos, como son las hadas y los duendes, que en ocasiones nos permiten recordar nuestra niñez”.

La diputada señaló que la exposición busca alimentar el interés de los niños por el conocimiento, así como apoyar su autoestima, “que sepan que pueden exponerse en un recinto como este, cada una de las obras o dibujos que presenten”.

Ésta es una manera de proporcionar alternativas para que los niños se den cuenta que no solamente hay temas de adicciones o de delitos. “Hay deporte, cultura y muchísimas formas de poder complementar a un individuo y un niño, que necesita de estas fortalezas y herramientas”.

Afirmó que es una forma de interactuar con los niños, a fin de que sepan que cada uno de los eventos que se desarrollen van a ser expuestos y presentados para su recreación y conocimiento.

“Vamos a trabajar el tema de cultura de manera permanente, nos vamos a coordinar con diferentes instituciones para llevarles espacios y posibilidades reales, en áreas de cultura o estrictamente dentro de las escuelas”.

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La Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Permanente, acordó solicitarle al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam Toumeh información sobre el número de guarderías que operan bajo el esquema de subrogación y las causas que dieron origen a la suspensión de algunas de ellas.

Dicho informe deberá incluir las medidas, lineamientos y la evaluación que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) asumirá para renovar los contratos de prestación del servicio de guarderías.

También, el importe total de las ayudas que se otorgarán, según establece el acuerdo ACDO.AS1.HCT.161209/306.P.DJ; remitir los informes trimestrales por concepto de las ayudas en efectivo que reciban los trabajadores y emitir cuanto antes los lineamientos respectivos que en su caso sean indispensables para dar cumplimiento al acuerdo.

La diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) indicó que una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados es la fiscalización de los recursos públicos, en ese sentido, se manifestó por pedirle a la Auditoría Superior de la Federación realice una evaluación de desempeño para saber no sólo parcialmente cuántas fueron las guarderías subrogadas, sino conocer de mejor forma el panorama.

Dijo que hay 20 mil niños que no están tomando ese derecho del pago del uno por ciento del salario de las madres trabajadores.

Al respecto, el presidente de la Comisión, senador Rubén Fernando Velázquez López (PRD) resaltó que la preocupación de fondo es que por razones de seguridad justificada se estén cerrando algunas guarderías y por ende queden niños sin atenderse.

“La preocupación es conocer cómo está respondiendo el Seguro Social o cómo lo hará con esos niños y padres de familias para que le den guardería a sus hijos si no la pueden tener”.

El senador Guillermo Tamborrel Suárez (PAN) señaló que lo primordial es garantizar la integridad y seguridad de los menores, por lo que es necesario que se informe sobre los criterios de evaluación, es decir cómo el Instituto está calificando.

“Lo importante es conocer el número de guarderías que no han renovado contrato, las causas y, desde luego, la población atendida, así como cuándo dejaron de recibir el servicio y cuándo pueden ser reubicados”.

Por el PT, el diputado Pedro Vázquez González precisó que es fundamental que se proporcione información de carácter general sobre el estado que guarda el sistema de la prestación de dicho servicio a las madres y padres trabajadores, el cual permita conocer la demanda real y la cobertura que por la propia situación financiera del Instituto se está prestando.

“Lo que está de fondo es fortalecer este sistema de guarderías infantiles en todo el país; entre mayor información tengamos mayor posibilidad habrá para tomar decisiones presupuestales a fin de que la cobertura se amplíe”.

Reforma Migratoria Integral para la Seguridad y Prosperidad en América

Del mismo modo, se avaló un dictamen con punto de acuerdo por el que se reconoce la iniciativa “Reforma Migratoria Integral para la Seguridad y Prosperidad en América”, como una propuesta que marca el inicio del debate para la consecución de una reforma migratoria integral en los Estados Unidos de América.

A la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, se le pide trabajar en la propuesta de una agenda bilateral con los Estados Unidos de América en materia migratoria que tenga por objeto el respeto y permita el pleno ejercicio de los derechos humanos de los migrantes mexicanos.

Se hace un llamado para que en cualquier reforma aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de América se reconozca y valore la importante contribución de los migrantes a la economía y sociedad estadounidense.

El documento indica que en el caso de la inmigración de mexicanos hacia Estados Unidos, ésta se da desde la existencia de ambas naciones como Estados independientes, pero su intensidad aumentó considerablemente a partir de la década de los ochentas. Existen casi 12 millones de inmigrantes mexicanos viviendo en Estados Unidos, de los cuales poco más de la mitad son indocumentados.

Precisa que la iniciativa “Reforma Migratoria Integral para la Seguridad y Prosperidad en América”, propuesta por Solomón Ortiz, Luis V. Gutiérrez y otros 92 congresistas demócratas de Estados Unidos, permite la regularización de los inmigrantes indocumentados que cumplan ciertos requisitos y expande los programas existentes de visas para trabajadores temporales.

Cuida la unidad familiar, mediante la prohibición de la separación de las familias con niños y el aumento de protecciones para los padres detenidos, tutores y cuidadores, todo ello velando por el interés superior de la niñez; establece un programa de legalización para los inmigrantes indocumentados, sus cónyuges e hijos.

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La Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, que preside el diputado Héctor Guevara Ramírez, aprobó por unanimidad citar a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el objeto de que rinda un informe del estado que guarda la seguridad en el país.

De igual forma, se avaló solicitar al titular de la Secretaría de Marina remita a esta soberanía un informe detallado sobre la participación de las fuerzas especiales de esta institución en el operativo efectuado el pasado 16 de diciembre en la colonia Lomas de Selva, en Cuernavaca, Morelos.

La comparecencia sería prevista el próximo martes 19 de enero, la mesa directiva de la comisión diseñaría el formato.

Al respecto, el diputado proponente, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) dijo que uno de los motivos de la comparecencia del funcionario es para saber quién es el responsable de la coordinación de los operativos que se han estado efectuando, así como conocer cuáles son los avances reales que se han registrado y las perspectivas para este año.

“Quisiéramos conocer del señor secretario, primero, si es él quien está al frente de esta coordinación y también cuál es su evaluación de estos primeros días, una vez que terminamos el año en medio de un vendaval de noticas, por un lado buenas, por un lado malas”.

Por otra parte, este órgano legislativo también aprobó exhortar al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a implementar los mecanismos para que el Gobierno dé cabal cumplimiento a la sentencia relativa al “caso Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos”, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, pidió al funcionario remita un informe sobre la situación que guarda el asunto concerniente a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el caso Radilla Pacheco.

Posteriormente, la Primera Comisión avaló solicitar a Gómez Mont enviar a esta soberanía información relativa de los avances en la aplicación del nuevo modelo de justicia penal.

Lo anterior, a fin de que adopte las acciones y medidas administrativas necesarias para impulsar los trabajos de la instancia de coordinación competente para agilizar y fortalecer las acciones encaminadas a concluir, presentar, publicar y dotar de vigencia a las normas correspondientes a la reforma penal publicada el 18 de junio de 2008.

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El Grupo de Trabajo para dar Seguimiento al Proceso Judicial a que han sido Sometidos ex Servidores Públicos del estado de Michoacán, Detenidos por Presuntos Vínculos con Organizaciones Delictivas aprobó visitar a los inculpados que ya fueron trasladados al Cereso estatal de dicha entidad, para conocer su actual situación.

El presidente de este grupo de trabajo, diputado Rubén Moreira Valdez (PRI) informó que el propósito de la reunión, que se llevará a cabo el próximo martes 19 de enero, es escuchar las inquietudes de los reos, “en caso de que consideren importante decirnos algo con relación a la causa que se les ha seguido”.

Explicó que estarán al pendiente por si se reportan violaciones a los derechos humanos. “Queremos saber cuáles fueron las condiciones que tuvieron durante su estancia en el Cefereso de Nayarit y las condiciones actuales en el Cereso de Michoacán”.

Estaremos atentos, abundó, porque queremos saber si se han respetado las garantías de defensa a que todos los mexicanos tenemos derecho, como el acceso a los expedientes que se le siguen y, obviamente, su seguridad dentro de estos centros de readaptación.

El legislador comentó que el grupo de trabajo se ha reunido, durante los primeros tres meses de actividades, con los reos, sus familiares, abogados y las autoridades competentes, a fin de elaborar un informe muy completo de la actual situación que atraviesan los inculpados.

“Además, visitamos al Magistrado Unitario de Acapulco, donde una parte del proceso se lleva en segunda instancia. Asimismo, nos reunimos con los presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el anterior y el actual; nos entrevistamos con comisiones no gubernamentales de derechos humanos y con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado”.

En reunión de trabajo, Moreira Valdez manifestó que por mandato del Pleno de la Cámara el informe trimestral será entregado a finales de enero y debe incluir las actividades realizadas a la fecha; por ello, señaló, la visita al Cereso Mil Cumbres, en Michoacán, tiene que realizarse de inmediato para que sea incluida.

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• Grupo parlamentario del PRI pretende que comparezcan titulares de Segob y el INM

La Tercera Comisión de Trabajo de la Permanente analiza un punto de acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez-Mont Urueta, explique las acciones realizadas por agentes estadounidenses en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

También se pide que la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero Castillo, exponga por qué estos agentes están imponiendo filtros a pasajeros que, en su caso, nieguen el acceso a nuestro país.

Los funcionarios deben informar lo que representan estos agentes estadounidenses provenientes de diferentes agencias, cuáles son sus funciones, qué papel juegan, su jerarquía y atribuciones.

En el documento, impulsado por el grupo parlamentario del PRI, se precisa que desde octubre de 2009 se registra la presencia de agentes de Estados Unidos en el aeropuerto de la Ciudad de México, la cual paulatinamente se ha incrementado; además, ahora, de manera directa, supervisan a pasajeros provenientes de otros países en territorio mexicano.

Estos agentes, abunda, fueron asignados por la Embajada de Estados Unidos en México, en donde imponen filtros que deben de aplicar para llevar un control de pasajeros que arriban al país provenientes del extranjero.

Menciona que dichos funcionarios son de origen latino (dominicanos, cubanos e incluso mexicano-estadounidenses), y se les ha dado la atribución de dictar medidas al personal del INM para el manejo del ingreso de los viajeros.

Los enviados estadounidenses operan como integrantes de un programa conjunto de seguridad de viajeros en México, que es parte de un programa piloto en Estados Unidos; estos agentes portan gafetes del INM, pero con la leyenda: Embajada de Estados Unidos.

En el punto se destaca que en marzo de 2002 los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron veintidós compromisos de asociación en materia de seguridad fronteriza, a fin de evitar riesgos de terrorismo; no obstante, los agentes del INM denuncian que sus pares estadounidenses operan aplicando su propio criterio.

Establece que los extranjeros gozarán de los derechos civiles y garantías otorgadas por la Constitución de la misma manera que los nacionales y que el INM tendrá como principal objetivo contribuir al desarrollo del país a través de una gestión migratoria eficiente y segura, con base en el marco legal y el pleno respeto a la dignidad humana.

Por ello, dicha dependencia debe brindar servicios migratorios de manera eficiente, honesta, segura y en armonía con los acuerdos internacional suscritos por México, a fin de facilitar los flujos migratorios legales, fortalecer la gestión de regulación, control y verificación y garantizar el respeto de los derechos de los visitantes.

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La Segunda Comisión de Trabajo de la Permanente (Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública) analiza un punto de acuerdo presentado por el grupo parlamentario del PRI por el que se solicita al titular de la SEP, Alonso Lujambio Irazábal, que emita un programa enfocado a contener la “fuga de cerebros”.

En el documento, se exhorta a la dependencia a que impulse, como una prioridad nacional, políticas más realistas y efectivas de desarrollo, empleo y aprovechamiento del capital humano del país, con una visión de Estado, en especial de quienes alcanzan niveles universitarios y de postgrado.

Refiere que de acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los porcentajes de jóvenes con estudios muestran “la descapitalización educativa de México a causa de la migración internacional, en la búsqueda de mejores ingresos laborales”.

En este sentido, menciona que se tiene registro de que en Estados Unidos radican 811 mil mexicanos que cursaron algún ciclo universitario.

De éstos, 278 mil connacionales establecidos en dicho país tienen un título equivalente a profesional asociado o técnico superior universitario; 442 mil con licenciatura y alrededor de 110 mil con estudios de maestría o doctorado.

Se destaca que mientras en Estados Unidos existe un investigador por cada 10 mil habitantes, en México, menos del 0.5 por ciento de la población alcanza el nivel de posgrado y muchos de ellos salen del país o no regresan.

El acuerdo agrega que con base en las estadísticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la mayoría de los estudiantes de postgrado se concentran en el área de ciencias sociales y humanidades, destacando su ausencia en los tópicos de tecnología. “Esto puede ser un primer acercamiento a descifrar el rezago tecnológico de México”.

Por todo lo anterior, menciona el punto de acuerdo, se considera urgente la realización de políticas que busquen enfrentar el reto de la movilidad calificada, llamada también “fuga de cerebros”, y que no sólo se vea como una pérdida definitiva de talentos, sino que se busquen campos de oportunidad para nuestro país.

“Es de gran importancia reconocer que la educación y la ciencia son la clave del desarrollo, por lo que resulta sumamente grave la descapitalización humana e intelectual que vive México por la llamada fuga de cerebros, atizada, incluso, por las naciones más adelantadas”, concluye.

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