Archive for Diciembre, 2009

Con el propósito de que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública implemente un programa federal de resguardo y reinserción social para los ex convictos deportados al país, el diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (PAN) presentó un punto de acuerdo.

Se manifestó porque la Comisión de Seguridad Pública realice un estudio técnico sobre la viabilidad de la aplicación de un programa binacional de colaboración, dirigido a la deportación masiva de ex convictos que cuente con elementos de información biométrica y de identificación de nacionalidad y nivel de peligrosidad.

Dijo que datos de la Comisión Binacional de Derechos Humanos establecen que cada día alrededor de 700 personas son deportadas a México; 200 de ellos son ex convictos que son enviados a la ciudad de Tijuana.

Mientras que la oficina de la Aplicación de las Leyes de Inmigración y Aduanas (ICE), destaca que se han deportado a 56 mil 622 inmigrantes, entre indocumentados, migrantes con visas y residentes permanentes, del 2005 al 2008.

Vega de Lamadrid sostuvo que las cifras del Instituto Nacional de Migración establecen que hay un aumento considerable en el número de deportados por la Puerta México, ubicada en Tijuana, ya que tan sólo en 2007 se repatriaron 173 mil 580; en 2008, fueron 224 mil 857 y en el periodo de enero a agosto del presente año ya han sido 135 mil 914.

El problema principal, subrayó, radica en que no existe una política pública encaminada a la reinserción social de estos ex convictos repatriados, y que derivado de ello surgen dos problemáticas: la social, en las ciudades a donde se destinan las personas a su llegada a territorio nacional y el grave problema del incremento de la inseguridad pública sectorizado en zonas de la Frontera Norte.

“La problemática social empieza con la necesidad de contar con un trabajo para sobrevivir en las zonas por las que son deportados, sin embargo, no existen oportunidades reales laborales para ellos, quienes en su mayoría oscilan en los 35 años de edad, quienes son adictos a sustancias prohibidas, suelen estar tatuados, desarrollan en las calles los códigos de supervivencia de las cárceles y en ocasiones no hablan bien español”.

Añadió que el segundo problema enmarcado en la Seguridad Pública tiene su principio jurídico dentro del artículo 29 Constitucional, en cuanto a lo que refiere al principio de invasión, perturbación grave a la paz pública o de cualquier otro que ponga en grave peligro a la sociedad.

Se estima que el 50 por ciento de los adultos, nueve mil 500 se encuentran bajo libertad condicional en San Francisco son analfabetos, sumado al 27 por ciento de ellos que padece problemas mentales o de drogadicción, así como la carente educación apropiada para desarrollar un trabajo, “son causales que agravan la ya de por sí difícil situación para conseguir un trabajo formal y estable que les permita un desarrollo integral”.

El diputado del PAN mencionó que la sociedad civil ha sido más susceptible a la atención de este problema, ya que la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ha establecido interés por contratar a ex convictos mexicanos y ayudar al Estado a su reinserción social.

“Lamentablemente en el país carecemos de una estrategia, programa o política pública que ayude a la reinserción de los ex convictos a la vida social digna enmarcada en los derechos y prerrogativas de la Constitución Política”, abundó.

Se pronunció por establecer un sistema binacional de recuperación de datos que incluya información biométrica entendida como la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas sobre los rasgos físicos o de conducta de un individuo para "verificar" identidades o para "identificar" individuos, con un sistema de información de nacionalidad y grado de peligrosidad y, aunado al estudio, se diseñe un programa federal encaminado a la seguridad pública y la reinserción social.

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Para limitar el hecho de que por la prescripción de la acción penal y las sanciones sigan siendo la principal vía para que delitos como corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual, lenocinio, homicidio queden en la impunidad, la diputada Indira Vizcaíno Silva (PRD) propuso reformar el Código Penal Federal y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

El documento señala que México ocupa el lugar 28 en el mundo, y el quinto en América Latina, con mayor comercio sexual de menores, lo que hace al país un paraíso para la explotación sexual comercial infantil. Además, es el segundo lugar en producción de pornografía infantil en el mundo, sólo después de Tailandia.

Se explica que la explotación sexual infantil ocupa el segundo lugar en generación de recursos, que se ubican en el orden de los 24 mil millones de dólares anuales, por encima de la venta de armas y sólo superada por el narcotráfico.

Advierte que la explotación sexual infantil a través de la red ocupa el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos. “De acuerdo con la Policía Federal Preventiva (PFP), a un pederasta le toma 15 días tener relaciones sexuales con niñas o niños, una vez que los conoce a través de un chat”.

Añade que en el informe La infancia cuenta en México 2008, publicado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, se señala que en 2007 había en México más de 29 mil menores sin el cuidado de sus padres; 58 por ciento eran niñas y 42 por ciento niños; 23 por ciento pertenece al grupo de edad de 0 a 6 años, y 77 por ciento de 7 a 17 años.

Se indica que “las niñas y niños son víctimas de constantes abusos y se encuentran expuestos a entornos violentos, tanto en el hogar como en las escuelas”.

Vizcaíno Silva propone reformar el primer párrafo del artículo 205 Bis y adicionar el artículo 266 TER del Código Penal Federal, así como el artículo 5 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en materia de imprescriptibilidad de delitos cometidos contra personas menores de dieciocho años de edad, de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tienen capacidad para resistirlo.

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• Este endeudamiento alcanza ya más del 40 por ciento del PIB

Palacio Legislativo 31-XII-2009 (Notilegis).-En los tres años que van de la gestión de Felipe Calderón, se incrementó la deuda pública de 3.35 billones de pesos a 4.6 billones, lo que significa que, en promedio, cada mexicano debe 51 mil pesos, casi 10 mil pesos más de lo que adeudaba al finalizar el 2006.

Así lo reveló el integrante de la Comisión de Hacienda, Mario Di Costanzo Armenta (PT), quien advirtió que se deben tomar decisiones al respecto, toda vez que la deuda pública ha crecido más que la economía nacional, y de no tomar las medidas necesarias traerá problemas graves a las finanzas.

Tras aclarar que el monto percápita de deuda incluye el último préstamo que el gobierno federal solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI), por 47 mil millones de dólares, Mario Di Costanzo explicó: “En los últimos 10 años el crecimiento económico ha sido de 1.8, en promedio, y el crecimiento de la deuda pública casi lo ha duplicado”.

Más aún, el petista alertó que el crecimiento de esta deuda ya alcanza más del 42 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). “Ha venido creciendo más que lo que ha crecido la economía, no sólo en los últimos 3 años”, declaró.

De todo lo que produce la economía mexicana, abundó Di Costanzo, debe cada mexicano 40 centavos por un peso que se genera.

Ante este panorama, el legislador dijo que es necesario que el gobierno federal amplíe la base de contribuyentes enfocándose en las grandes empresas. “Mientras esta situación continúe, al gobierno no le quedará más que seguirse endeudando”.

Asimismo, precisó que la inversión gubernamental se debe enfocar a la productividad en la economía. A su vez, aclaró que existe “deuda contingente”, la cual no se ha adquirido de manera legal, como es el caso de Pidiregas, el rescate bancario y carretero. Es una deuda ilegítima y el gobierno no puede absorber pasivos ilegales”, declaró.

Aunque dijo que son decisiones que se debieron tomar hace tiempo, enfatizó en revisar los pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). “Son grandes empresas, bancos, o son parte de estas 350 familias que detentan la mayoría de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes)”.

Palacio Legislativo 31-XII-2009 (Notilegis).- La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Enoé Margarita Uranga Muñoz (PRD), destacó que el Gobierno del Distrito Federal debe promover una campaña de información objetiva a la sociedad que revierta el odio del alto clero hacia la unión gay y su derecho a adoptar , pues, dijo, pueden llevar a la alteración de la tranquilidad social y del orden público.

Luego de la legalización de la unión gay, así como su derecho a adoptar, que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Uranga Muñoz enfatizó: “lo que hace falta es que el Gobierno del DF asumiendo congruencia con la responsabilidad que tomaron, haga una fuerte campaña de información objetiva que acerque a la ciudadanìa datos científicos que permitan revertir esta campaña de odio que ya sabíamos se presentaría al reformar el Código Civil”.

En entrevista, la diputada Uranga Muñoz recalcó que el Gobierno de la Ciudad de México debe tener el compromiso de la política pública, para revertir la campaña de desinformación que sólo promueve el odio y la ignorancia en contra de la comunidad lésbico-gay.

“Antes de que este tema se abriera en la Asamblea ya había planteado que la Cámara de Diputados resuelva solicitarle a la Secretaría de Gobernación sancionar a la Iglesia por violentar la Constitución, en su Ley Federal Contra la Discriminación y la propia Ley que rige las instituciones de culto”.

Al ser cuestionada si el PRD contempla promover alguna iniciativa para que las reformas al Código Civil que aprobó la ALDF alcancen incluso el nivel federal, la diputada descartó que el tema de reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales se pueda tratar en la Cámara de Diputados, debido a que los congresos locales tienen autonomía.
ASC

Palacio Legislativo 30-XII-2009 (Notilegis).-La vocera del PRD en la Cámara de Diputados, Leticia Quezada Contreras, propuso la creación de una Comisión Especial para Vigilar el uso de recursos públicos en los comicios del próximo año, en los que se renovarán 10 gobiernos estatales.

Adelantó que buscarán en próximas semanas crear una comisión especial y el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación, “para amarrar las manos a los gobernadores priistas y sus tentaciones de gastar el dinero público en sus campañas”.

Quezada Contreras explicó que durante la discusión para la aprobación del gasto del 2010, el PRD en la Cámara de Diputados hizo pública la forma tan poco transparente y discrecional en que fueron asignados los recursos precisamente en los estados donde se realizarán elecciones.

Los casos más preocupantes, añadió la legisladora, sin duda son estados como Oaxaca, Puebla y Guerrero, donde el aparato priista busca aplicar dinero público para la compra de votos.

Por este motivo, abundó, es necesario que desde el Congreso de la Unión diputados y senadores estemos pendientes de vigilar todo lo que sucederá en los próximos meses.

"Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no permitir que este viejo partido regrese al poder con las mismas viejas prácticas a estados del país que están sumidos en la miseria, precisamente por su culpa, por los malos gobiernos que encabezaron en su momento".

Quezada Contreras también señaló que el PRD buscará crear o adecuar los mecanismos que sean necesarios para estar vigilantes ante un eminente uso de recursos públicos en favor del PRI.

Palacio Legislativo 30-XII-2009 (Notilegis).- El presidente de la Comisión Jurisdiccional en la Cámara de Diputados, César Augusto Santiago (PRI), señaló que ninguna religión o convicción particular debe dominar el poder civil y las instituciones públicas, por lo que propuso que el carácter laico del Estado mexicano se contenga en la Constitución.

El legislador chiapaneco presentó una iniciativa de reforma a los artículos 40, 108 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y estableció que en “la laicidad, la legitimidad del Estado deviene no de elementos religiosos o sagrados, sino de la soberanía popular”.

El también integrante de la Comisión de Gobernación explicó que un Estado laico, desde la perspectiva de la toma de decisiones públicas, debe garantizar que el orden político tenga la libertad para elaborar normas colectivas sin que alguna religión o convicción particular domine el poder civil y las instituciones públicas.

Además, reconoció que el Estado laico se vuelve necesario en toda sociedad que quiere armonizar relaciones marcadas por intereses y concepciones morales o religiosas plurales, de ahí la importancia de establecer la no discriminación como consecuencia del derecho de igualdad.

César Augusto Santiago apuntó que un Estado laico, desde la perspectiva de la toma de decisiones públicas por los órganos competentes, debe garantizar que el orden político tenga la libertad para elaborar normas colectivas, sin que alguna religión o convicción particular domine el poder civil y las instituciones.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional precisó que en las sociedades actuales hay una creciente diversidad religiosa y moral, y los Estados tienen ante sí desafíos cotidianos para favorecer la convivencia armoniosa, además de la necesidad de respetar la pluralidad de las creencias religiosas, ateas, agnósticas, filosóficas, así como la obligación de favorecer la deliberación democrática y pacífica.

En este sentido, puntualizó que el Estado democrático tiene igualmente la obligación de velar por el equilibrio entre los principios esenciales que favorecen el respeto de la diversidad y la integración de todos los ciudadanos a la esfera pública.

En la iniciativa que presentó el diputado César Augusto Santiago se propone incorporar en el artículo 40 constitucional como atributo de la República el ser laica, y en el artículo 108, la obligación de las autoridades de respetar escrupulosamente el Estado laico y la separación entre la Iglesia y el Estado.

También se manifestó porque al 130 se le añadan dos párrafos en los que se establezca de manera explícita la sujeción a la ley de las iglesias y demás agrupaciones religiosas, así como especificar que en el Estado laico no podrá haber preferencia sobre alguna religión o convicción filosófica.

SEHP

• Recesión y desempleo en 2010, advierte el diputado del PT
• PRI y PAN lo pagarán en las urnas, adelantó

Palacio Legislativo 30-XII-2009 (Notilegis).- El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Pedro Vázquez González, alertó que los recientes incrementos ala gasolina y tortilla generarán en el 2010 un crecimiento drástico en la inflación, que podría ser la mayor registrada en los últimos 25 años.

El diputado petista, dijo que, a pesar de que a inicios de este año el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón se había comprometido a no realizar aumentos en gasolina, ya van dos en un par de semanas.

Esto, agregó, aunado a los incrementos que entrarán en vigor a partir del primero de enero del 2010. “No pueden verse panoramas positivos en una economía que cada vez está siendo más atacada. El próximo año estará marcado por presiones inflacionarias que no se veían por lo menos desde hace 25 años”, acotó.

Vázquez González señaló que el pasado 22 de diciembre todas las fuerzas políticas que integran el Poder Legislativo apoyaron un punto de acuerdo para frenar el gasolinazo, sin embargo las proposiciones no han sido escuchadas por el Ejecutivo.

El diputado señaló que el panorama para el año venidero es de inflación, recesión y desempleo. “El PRI y el PAN pagarán los costos de la aprobación de un presupuesto erróneo en las próximas votaciones que se celebrarán en 15 estados, ya que el pueblo cuestionará la política económica con la que está conduciéndose el país”.

• Se podría aplicar mediante una agencia pública o mixta: Osuna Millán

Alrededor de 6.5 millones de mexicanos que residen en Estados Unidos no tienen acceso a alguna forma de seguro de salud ni servicios médicos, señaló el diputado Miguel Osuna Millán (PAN) por lo que impulsa un punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Salud y al gobierno federal a crear el Seguro Binacional de Salud.

Explicó que el funcionamiento de dicho seguro se daría a través del establecimiento de una agencia ya sea pública o mixta, la cual se encargaría de dar funcionalidad y operatividad al sistema del seguro binacional, así como de articular todos los esfuerzos en la materia y mecanismos de coordinación, tanto en México como en Estados Unidos.

En este sentido, el legislador también hace un llamado a fin de que se fortalezcan todos los programas de salud para migrantes, la promoción del Seguro Popular en Estados Unidos con el objetivo de realizar afiliaciones desde aquel país, ventanillas de salud en EU y la repatriación de connacionales enfermos, así como la investigación binacional en salud.

“El Estado mexicano tiene el deber de solucionar a fondo dicha problemática, no sólo porque la salud es un derecho humano fundamental y constitucional, sino porque nuestros migrantes contribuyen en gran medida al desarrollo nacional, principalmente a través de las remesas familiares”, subrayó.

Aclaró que el seguro tendría un costo de 40.26 dólares mensuales, “lo que está muy por debajo de lo que los migrantes estarían dispuestos a pagar por servicios de salud de calidad y oportunos, según sondeos”.

Osuna Millán afirmó que se trataría de un seguro con beneficios concretos para los migrantes y sus familiares en ambos lados de la frontera, basado en la coordinación del sistema de salud privado no lucrativo en Estados Unidos y el sistema público de salud en México.

En el norte, contemplaría un paquete de intervenciones de atención primaria, consultas médicas y quirúrgicas, laboratorio, radiología, inmunizaciones, exámenes, productos farmacéuticos y urgencias de primer nivel, mientras que en el sur, la SSa garantizaría a los asegurados atención hospitalaria y especializada; para ello se extendería la afiliación al Seguro Popular en aquel país, explicó.

Manifestó que a pesar de que el tema del Seguro Binacional de Salud ha sido estudiado, trabajado e impulsado desde hace varios años, tanto por las autoridades federales como por el Poder Legislativo, el sector académico mexicano y estadounidense, a la fecha no se han concretado los esfuerzos para que finalmente sea una realidad y sea puesto en operación.

Por lo que, dijo, “resulta imperativo e impostergable el establecer, a partir del mes de enero del año 2010, un programa piloto que siente las bases y los fundamentos para cristalizar el Seguro Binacional, por medio del establecimiento inmediato de la agencia antes mencionada”.

Agregó que existen en EU 28 millones de personas de origen mexicano, de los cuales 12 millones nacieron en el país y residen actualmente del otro lado de la frontera, “nuestras leyes reconocen a nuestros emigrantes como ciudadanos mexicanos, al igual que quienes habitamos en el territorio nacional, por lo que no se les puede negar ninguno de sus derechos, y mucho menos el derecho a la salud”.

El legislador destacó que la propuesta de crear un Seguro Binacional de Salud surgió del Instituto Nacional de Salud Pública, en coordinación con la Fundación Ford, así como investigadores, académicos y universidades tanto mexicanos como estadounidenses.

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• Se calcula que son 9 mil 871 hombre y mujeres que tienen 100 años o/más

Como parte de los festejos del Centenario de la Revolución, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Reyes Tamez Guerra, propuso homenajear en vida a las personas que nacieron en/o antes del año de 1910, para reconocerlos como la Generación Centenaria.

“Es de elemental justicia histórica ubicar, identificar y reconocer a quienes nacieron en esa época y vivieron los avatares del movimiento; no es posible concebir un festejo sin la presencia de sus festejados”, dijo.

Tamez Guerra refirió que en México viven 9 mil 871 hombres y mujeres que cuentan con 100 años o más, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

“Gracias a un medio de comunicación, el pasado 28 de agosto pudimos conocer las vivencias de la señora Francisca Medina Ortiz, Doña Pachita, que nació el 7 de noviembre de 1900 en el estado de Morelos y con profunda limpieza rememoró cuando conoció al General Emiliano Zapata, quien al pasar frente a ella se agachó para que le pusiera una corona de flores”, agregó.

Doña Pachita tiene una familia de 8 hijos y más de 100 descendientes en línea directa, añadió.

“A nombre de ella, de su descendencia, así como de otros 9 mil 871 hombres y mujeres que cuentan con 100 años o más, propongo un punto de acuerdo para emitir una convocatoria dirigida a todos los ciudadanos que residan dentro o fuera de nuestro país, a fin de ubicar, reconocer y distinguir como miembros de la Generación Centenaria a los mexicanos nacidos en el año de 1910 y anteriores”.

Durante los festejos, señaló, se han realizado homenajes a ciudades, lugares y rutas bicentenarias y centenarias, por ser testigos mudos de los hechos históricos que en ellos se sucedieron, pero es fundamental celebrar a quienes también estuvieron en la lucha armada y pueden relatarnos sus experiencias, aun cuando hayan sucedido durante sus primeros años de vida.

“Lamentablemente muchos de ellos perdieron a sus padres o hermanos en el fragor de la batalla y otros debieron vivir el incesante peregrinar o la zozobra característica de este tipo de movimientos”.

“No desaprovechemos esta oportunidad única de llamar y congregar a quienes nacieron junto al movimiento armado para rendirles un digno y justo homenaje. Sería una noble labor buscar a estas personas, ubicarlas, llamarlas y reconocerlas por ser parte viviente de la historia nacional, el último vestigio Centenario”, consideró.

El punto de acuerdo propone exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia y del Centenario de la Revolución, emita una convocatoria para ubicar, reconocer y distinguir como miembros de la Generación Centenaria a los mexicanos nacidos en el año de 1910 y anteriores.

Plantea que se instituya una medalla conmemorativa, confeccionada de acuerdo a las especificaciones de la moneda denominada centenario, donde se inserte en forma de Escudo la figura del Monumento a la Revolución y se entregue a cada una de las personas integrantes de la Generación.

Además se propone apoyar con los programas de asistencia y desarrollo social, así como los demás instituidos en la administración pública federal, en caso de que alguno de ellos los requiera y se realice la recopilación narrativa y fotográfica de las experiencias que deseen contar los integrantes de la Generación Centenaria.

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